En octubre de 2022 presenté una petición al Consejo de Ministros, usando del derecho fundamental de petición, reconocido en la Constitución española y regulado por ley orgánica. En ella solicité la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 1898. Esa petición se ha convertido hoy en una demanda judicial que pende en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, rollo 766/2023.

Ese artículo, impuesto por la Comisión estadounidense que negociaba en París el texto definitivo del tratado, forzó a España a decretar la desnaturalización masiva y forzosa los españoles nacidos en Ultramar, i.e.: Cuba y Puerto Rico.

Desde el advenimiento del régimen democrático, España ha venido sistemáticamente enfrentándose a su pasado con una ejemplar gallardía, al resarcir importantes deudas históricas en los descendientes de aquellos que fueron preteridos, verbigracia, los judíos sefardíes o los emigrados por la guerra civil; pero nadie habla de los casos de Cuba y Puerto Rico, cuyos naturales, españoles de origen por ley y por tradición, fueron despojados arbitrariamente de la nacionalidad que durante 4 siglos ostentó su estirpe.

Se trata de una urgencia impostergable, y es por eso que esta demanda reviste especial importancia, por primera vez en 127 años, es decir, durante toda la vida jurídica del tratado, el artículo IX ha pervivido y pervive hoy como la norma europea más antigua en vigor que legaliza la privación arbitraria de la nacionalidad, lo cual contradice medio milenio de práctica jurídica y medio siglo de normativa y jurisprudencia de los tribunales europeos.

El artículo IX fue ilegal al momento de su firma, pero sigue siendo ilegal hoy. La ciudadanía es un derecho fundamental, el derecho a tener derechos, y su privación arbitraria, una clara violación de normas imperativas de Derecho Internacional general.

Cuando un Estado borra a sus propios nacionales por presión, el daño se convierte en doctrina, en criterio interpretativo, en «identidad de ratio» (la frase preferida de la burocracia cuando no quiere pensar). Y si algo he aprendido en esta lucha es que el Estado, si nadie lo obliga, tiende a escoger el camino cómodo: el de no mover nada.

Esta demanda es, en términos simples, una batalla por el principio de continuidad jurídica y por el reconocimiento de una verdad básica: la nacionalidad no puede tratarse como un objeto que se quita y se pone según convenga. La nacionalidad es un vínculo sagrado, y ya lo era en 1898.

Su donación sostiene tres frentes concretos:

1. Batalla judicial: exigen cotejo de jurisprudencia, honorarios a procuradores y abogados, tasas, traslados, etc. En la medida en que aumente la importancia del tribunal, suelen corresponder los gastos y honorarios asociados al litigio.

2. Investigación documental: el acceso a bases de datos, pero por otra parte el mantenimiento de aquellas que genere nuestra investigación genera costos, en cumplimiento de las leyes de protección de datos, así como hospedaje, dominio, etc.

3. Divulgación: porque una injusticia desconocida es vulnerable. Si no se explica, no se entiende; si no se entiende, nadie la defiende; si nadie la defiende, el poder la archiva.

¿Y qué gano yo con esto?, podría preguntarse:

Que cubanos y puertorriqueños con reconciliemos con nuestro pasado y con nuestra madre, que se haga justicia con aquellos que perdieron una parte importante de su identidad, que la ley se respete y el Derecho prevalezca, y si encima —¡oh gracia divina!— los cubanos podemos recobrar nuestra libertad, ¡qué felicidad tan grande! Gana quizá algo más íntimo: la tranquilidad, el desasosiego de haber contribuido a saber quiénes somos, de dónde venimos y de qué pata cojeamos.

¿Qué hace su aporte, en la práctica?

Mantiene vivo el expediente y bien defendido.

Permite responder a cada trámite con precisión y a tiempo.

Financia la obtención y organización de pruebas.

Sostiene la comunicación pública con seriedad (no propaganda barata).

Evita que esta lucha dependa del agotamiento personal de una sola persona.

No le pido fe ciega. Le pido apoyo consciente. Y le ofrezco algo a cambio: transparencia y credibilidad, ejes centrales de mi accionar.

Ayúdame a ganar esta batalla en defensa de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española.

¡Es hora de volver a casa!

Maikel Arista-Salado

Autonomía Concertada para Cuba