Represión a 3 sindicalistas de LCT

Ana, Elena y Sergio son tres militantes de La Clase Trabayadora (LCT). que por promover la reconstrucción de una organización de clase horizontal, asamblearia, independiente a cualquier partido político, que no deje a nadie atrás y que sea funcional a la realidad actual que sufre nuestra clase social, están en el punto de mira de aparatos sindicales que han puesto todos los recursos del un sindicato como la C.S.I. al servicio de la represión, enfrentándose nuestras compañeras a posibles penas de cárcel, investigaciones policiales, sanciones económicas y gastos judiciales.

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) es un sindicato de Asturies fundado en 1982 en Gijón por dirigentes y sindicalistas provenientes fundamentalmente de Comisiones Obreras.

La CSI es un sindicato que siempre se definió de clase, asambleario, horizontal y combativo. A lo largo de su trayectoria ha logrado una creciente representación en prácticamente todos los sectores laborales, aunque su fama viene dada especialmente por los conflictos del Naval en Xixón.

Sus dirigentes por aquel entonces, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, fueron condenados a tres años de cárcel por un delito de daños ocurrido durante las movilizaciones de Naval.

En los más de 40 años de historia muchos y muchas sindicalistas de esta organización han sufrido campañas de represión por parte del estado y la policía.

En abril del año pasado se celebró un congreso donde, por primera vez, concurrieron dos listas para la elección de una nueva ejecutiva, la oficialista y la de la La Clase Trabayadora. En los meses previos había dimitido la inmensa mayoría de la ejecutiva anterior, entre grandes críticas hacia el funcionamiento de la organización, al trabajo del Secretario General y la presión que algunos sindicalistas retirados ejercían hacia la ejecutiva.

Tras el resultado de ese congreso, donde el Secretario General, Ignacio Fuster Iglesias, salió reelegido, la candidatura oponente criticó el funcionamiento del congreso, la falta de transparencia y múltiples irregularidades. No obstante, asumiendo el resultado, las personas no elegidas se pusieron a disposición de las nuevas integrantes de la actual ejecutiva encontrándose con el rechazo, por parte de esta, de cooperar y trabajar de manera conjunta.

Con el tiempo las secciones sindicales que no obtuvieron representación comenzaron a verse apartados de la vida diaria del sindicato teniendo serios problemas para continuar con su trabajo sindical. Ejemplo de ello fueron la exclusión de la acción sindical del sindicato, la falta de publicidad de comunicados, impedimentos para firmar acuerdos, imposibilidad de usar los locales, graves errores a la hora de solicitar concentraciones, falta de apoyo ante huelgas e imposible acceso a la caja de resistencia para asumir sanciones.

Ante este clima las personas que conformaban la candidatura denominada "La Clase Trabayadora" se vieron obligadas a comenzar a denunciar públicamente estas situaciones e intentar dar traslado al conjunto de la afiliación de su situación. Abrieron un programa de YouTube, enviaron comunicados por WhatsApp e intentaron continuar con la lucha sindical que venían haciendo con anterioridad pese a no tener acceso a los medios de la organización.

En contestación ante lo que la dirección consideró una insubordinación, ésta paralizó la vida orgánica del sindicato, cancelando asambleas y órganos de dirección, abriendo expedientes de expulsión, denunciando ante la Policía los envíos de comunicados y querellándose contra una militante por injurias y calumnias.

Esto nos ha llevado a una situación en la que varias personas nos enfrentamos a posibles penas de cárcel y sanciones económicas. Para poder defendernos necesitamos obtener recursos económicos, ya que no tenemos acceso a los del sindicato, pese a seguir pagando nuestras cuotas.

Una represión que podría ser habitual cuando se hace sindicalismo, pero que es un escándalo cuando es ejercida por los aparatos de los propios sindicatos.

Por eso pedimos vuestra solidaridad, para poder seguir haciendo sindicalismo, luchar contra los abusos patronales y contra los burócratas y aparatos de las organizaciones sindicales.

Ana. Teleoperadora, es trabajadora en un sector altamente feminizado y precarizados. Actualmente está denunciada por el aparato del sindicato CSI , y se enfrenta a un proceso judicial que puede acarrear hasta 3 años de cárcel.

Elena trabaja como sociosanitaria en el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) y se enfrenta a una querella criminal 3000 euros de indemnización, casi 3 meses de su sueldo. El querellante es el secretario general del sindicato CSI.

Sergio.Metalurgico. Era el último de los condenados por la última huelga general que seguía militando en el sindicato CSI y ha sido también el primer expulsado de su historia , a espaldas de toda la afiliación e inventando un proceso disciplinario.