Apoya a Patricia madre protectora condenada por TS

Apoyemos a Patricia, contra el castigo ejemplarizante que le impuso el Tribunal Supremo el pasado 8 de marzo. Patricia es una madre que ha sido condenada por el Supremo a dos años de cárcel, quita de la patria potestad por cuatro años y pago de las costas judiciales, en una sentencia histórica que hizo pública el pasado 8M, día internacional de las mujeres.

El 8 de marzo de 2024, en fecha tan señalada, después de más de diez años litigando, dos en ese tribunal, la Sala Segunda del Supremo publicó una sentencia que cambia la jurisprudencia anterior para condenar a una madre protectora.

Esta sentencia supone un punto de inflexión en el TSJ, porque desdice la jurisprudencia del pleno del 23 de abril de 2021 y aplica de manera retroactiva la modificación introducida en la disposición final sexta de la LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia): se aplica el tipo penal de sustracción de menores a un progenitor, aunque tenga la custodia exclusiva y conviva habitualmente con la persona menor de edad.

El veredicto del alto tribunal dice ahora, desdiciendo su propia jurisprudencia en pleno del 23 de abril de 2021, que una madre puede estar cometiendo “sustracción” de su hijo independientemente de si ostenta la custodia en exclusiva del menor. Aunque Patricia vivía con su hija y tenía la custodia, la pena a aplicar es la misma que en el caso de no tenerla.

Proteger a tu hijo conduce a este castigo desproporcionado y lanza un mensaje: la Justicia da prioridad al padre, que tiene que ser respetado sí o sí, de principio a fin, incluso por encima del bien de su hija, porque la pena por incumplimiento de visitas es brutal independientemente del tamaño de la falta.

La Justicia se ceba con las madres que protegen a sus hijos. En el camino de litigios y sentencias de los últimos diez años de su vida, Patricia solo ha recibido castigos. No ha sido suficiente con vivir arrancada de su hija los últimos cinco años, con las comunicaciones limitadas y sin poder encontrarse. Patricia, que hace tiempo que tuvo que vender su casa para hacer frente a los gastos judiciales de estos diez años, ha sido condenada también a pagar las costas del padre por este procedimiento judicial. Además de la pérdida de patria potestad y la posibilidad de que le decreten ingreso en prisión (pendiente de ejecutoria), ha de satisfacer un pago de 15.000 euros entre costas e impuestos.

Tu apoyo económico va a ayudar a Patricia a afrontar esta injusta sentencia.