MATERNIDAD Y DERECHOS HUMANOS
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Francisca Fernández Guillén
Abogada
www.elpartoesnuestro.es
www.franciscafernandezguillen.com
Tras sufrir maltrato y abandono durante el parto y ser sometida a una cesárea forzosa, el pasado 26 de enero, con ayuda de los servicios jurídicos de El Parto es Nuestro y Women’s Link , L.C. demandó a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En septiembre de 2009, tras un embarazo normal, L.C. acudió para dar a luz al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí se le practicó lo que se conoce como “cascada de intervenciones” (romper la bolsa amniótica, administrar oxitocina sintética y tomar vías venosas a la parturienta). En la Historia Clínica no consta la causa médica de tales intervenciones, ni que se la informara al respecto, ni su consentimiento.
Según la declaración de la OMS “PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA FALTA DE RESPETO Y EL MALTRATO DURANTE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN CENTROS DE SALUD”, de 2014, estamos ante una violación de derechos humanos, ya que:
“En todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”.
El caso de L.C. trasciende su caso particular, porque algunos Servicios de Salud e instancias judiciales españolas inaplican sistemáticamente, en el ámbito de la obstetricia, las leyes que protegen los derechos de usuarios y pacientes, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales de protección. Los hechos y fundamentos del caso pueden leerse en [MATERNIDAD Y DERECHOS HUMANOS: L.C. CONTRA ESPAÑA ].
En tanto todo esto ocurre, la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (Zurich) presenta una minuta para que Loli les pague 15.434,40 euros en concepto de costas, y el abogado del Servicio Andaluz de Salud reclama 12.775 euros por el mismo concepto. La condena en costas no es habitual en la jurisdicción contencioso‑administrativa en casos como el que nos ocupa, en donde no hay Hoja de Consentimiento Informado y existen serias dudas de hecho y derecho materializadas en 2 informes periciales que apoyan las tesis de L.C.
Esta condena en costas tampoco tiene precedentes por la cuantía, ya que en general las costas se tasan y las condenas rondan los 600-1.500 euros. Más escandaloso aún es el hecho de que se condene a L.C. a pagar a los abogados de la Aseguradora Zurich, a quien nunca demandó.
Zurich compareció en el proceso por una disposición legal, el art. 21.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa. Esta disposición obliga a las aseguradoras de la Administración a comparecer y actuar en el proceso mano a mano junto con esta última, es decir, dos contra uno, y ese uno es… ¿lo adivinan? Nosotros, los usuarios y administrados. Ello incide muy negativamente, como se puede comprender, en el principio de igualdad de armas en el proceso. Que una aseguradora, es decir, una entidad privada con ánimo de lucro, participe en el procedimiento de responsabilidad patrimonial y en el proceso contencioso-administrativo con voz y voto no deja de ser una anomalía y una distorsión en el derecho público, cuya naturaleza y fines son bien distintos a los del derecho privado y el proceso civil.
Además, algunos jueces interpretan –como en el caso de L.C.‑ que la presencia en el proceso contencioso de las aseguradoras las convierte automáticamente en acreedoras de una hipotética condena en costas. Tal interpretación supone a mi parecer minar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues si un ciudadano se ve amenazado por la posibilidad de ser condenado a pagar costas a dos contrarios si pierde el pleito, muy probablemente no ejercerá su derecho y se conformará con una situación injusta.
Debo aclarar que un pleito no se pierde necesariamente porque la persona que demanda no tenga razón, sino por una miríada de factores ajenos a la validez de su pretensión.
Por todo ello, la doble condena en costas y la condena ilimitada es especialmente injusta en el proceso contencioso-administrativo por la posición de inferioridad de la ciudadanía en una jurisdicción y en un procedimiento hechos a la medida de los intereses del Estado.
Ayundando a L. C. puedes contribuir a que las mujeres que sufren abusos y maltrato en el parto puedan ejercer sus derechos libremente.
¡Gracias por vuestro gesto! ¡Grande o pequeño, representará seguramente un gran paso !
____________________________________________________________
After suffering abuse and neglect during childbirth and being subjected to a forced caesarean section, on January 26, with the help of the legal services of El Parto es Nuestro and Women's Link, L.C. sued Spain before the European Court of Human Rights.
In September 2009, after a normal pregnancy, L.C. went to give birth at the hospital Virgen de el Rocío in Seville. There she had what is known as a "cascade of interventions" (breaking of the amniotic bag, management of synthetic oxytocin and insertion of intravenous lines). In the clinical history there is no evidence of the medical cause for such interventions, nor a report in this respect, nor requests for consent.
According to the Declaration of the WHO in 2014 , The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth, these interventions are a violation of human rights, since:
"Around the world many women suffer disrespectful and offensive treatment during delivery in health centres, which not only violates the rights of women to respectful attention, but it also threatens their rights to life, health, physical integrity and non-discrimination".
The case of L.C. transcends her particular case because some health services and the Spanish judiciary systematically disregard, in the field of obstetrics, the laws that protect the rights of users and patients, as well as the jurisprudence of the Constitutional Court, the European Court of Human Rights and the recommendations of international protection bodies.
The facts and fundamentals of the case can be read at [maternity and human rights: L.C.
AGAINST SPAIN].
While all this happened, the insurer of the Andalusian health service (Zurich) presented a bill to L.C. for 15434,40 euros in costs, and the lawyer of the Andalusian health service claimed 12.775 euros by the same concept.
The condemnation cost is very unusual in the contencioso-administrativa jurisdiction in cases such as this, where there is no report of informed consent, and there are serious doubts of fact and law materialized in two reports that support the thesis of L.C. Furthermore, this sentence’s costs have no precedent for the amount, since in general costs are fixed around 600-1,500 euros.
More shocking still is the fact that it sentences L.C. to pay the insurance company’s lawyers (Zurich), who never requested their participation. Zurich appeared in the process by a legal provision, article 21.1 c) of law 29/1998, of 13 July, regulating the contencioso-administrativa jurisdiction. This provision obliges insurers of the Administration to appear and act in the process hand in hand together with the latter, i.e., two against one, and that one is... guess who? We, the users and managed. This very negatively affects, as you can understand, the principle of equality of arms in the process. It is a distortion of public law, whose nature and purpose are well distinct of those of private law and civil process, that an insurer, i.e., a private non-profit entity, participates in the procedure of patrimonial responsibility and in the administrative process with voice and vote. In addition, some judges interpret - as for L.C. - the presence of insurers in the contentious process automatically converts them into a creditor of a hypothetical condemnation costs. Such an interpretation, in our view, undermines the fundamental right to effective judicial protection, because if a citizen is threatened by the possibility of being sentenced to pay costs to two entities if they lose the lawsuit, it is most likely that they will not exercise their rights and will settle for an unfair situation.
We should clarify that a lawsuit is not necessarily lost because the plaintiff was not justified, but due to a myriad of factors other than the validity of your claim. Therefore, the double condemnation of costs and unusually excessive sentence is especially unfair in the contentious-administrative process for the position of inferiority of citizens in the jurisdiction and in a procedure made tailored to the interests of the State.
Helping L.C. will help women who suffer abuse and mistreatment in childbirth to be able to exercise their rights freely. Thank you for your support and help!
Big or small, it will truly represent a big step!
Abogada
www.elpartoesnuestro.es
www.franciscafernandezguillen.com
Tras sufrir maltrato y abandono durante el parto y ser sometida a una cesárea forzosa, el pasado 26 de enero, con ayuda de los servicios jurídicos de El Parto es Nuestro y Women’s Link , L.C. demandó a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En septiembre de 2009, tras un embarazo normal, L.C. acudió para dar a luz al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí se le practicó lo que se conoce como “cascada de intervenciones” (romper la bolsa amniótica, administrar oxitocina sintética y tomar vías venosas a la parturienta). En la Historia Clínica no consta la causa médica de tales intervenciones, ni que se la informara al respecto, ni su consentimiento.
Según la declaración de la OMS “PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA FALTA DE RESPETO Y EL MALTRATO DURANTE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN CENTROS DE SALUD”, de 2014, estamos ante una violación de derechos humanos, ya que:
“En todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”.
El caso de L.C. trasciende su caso particular, porque algunos Servicios de Salud e instancias judiciales españolas inaplican sistemáticamente, en el ámbito de la obstetricia, las leyes que protegen los derechos de usuarios y pacientes, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales de protección. Los hechos y fundamentos del caso pueden leerse en [MATERNIDAD Y DERECHOS HUMANOS: L.C. CONTRA ESPAÑA ].
En tanto todo esto ocurre, la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (Zurich) presenta una minuta para que Loli les pague 15.434,40 euros en concepto de costas, y el abogado del Servicio Andaluz de Salud reclama 12.775 euros por el mismo concepto. La condena en costas no es habitual en la jurisdicción contencioso‑administrativa en casos como el que nos ocupa, en donde no hay Hoja de Consentimiento Informado y existen serias dudas de hecho y derecho materializadas en 2 informes periciales que apoyan las tesis de L.C.
Esta condena en costas tampoco tiene precedentes por la cuantía, ya que en general las costas se tasan y las condenas rondan los 600-1.500 euros. Más escandaloso aún es el hecho de que se condene a L.C. a pagar a los abogados de la Aseguradora Zurich, a quien nunca demandó.
Zurich compareció en el proceso por una disposición legal, el art. 21.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa. Esta disposición obliga a las aseguradoras de la Administración a comparecer y actuar en el proceso mano a mano junto con esta última, es decir, dos contra uno, y ese uno es… ¿lo adivinan? Nosotros, los usuarios y administrados. Ello incide muy negativamente, como se puede comprender, en el principio de igualdad de armas en el proceso. Que una aseguradora, es decir, una entidad privada con ánimo de lucro, participe en el procedimiento de responsabilidad patrimonial y en el proceso contencioso-administrativo con voz y voto no deja de ser una anomalía y una distorsión en el derecho público, cuya naturaleza y fines son bien distintos a los del derecho privado y el proceso civil.
Además, algunos jueces interpretan –como en el caso de L.C.‑ que la presencia en el proceso contencioso de las aseguradoras las convierte automáticamente en acreedoras de una hipotética condena en costas. Tal interpretación supone a mi parecer minar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues si un ciudadano se ve amenazado por la posibilidad de ser condenado a pagar costas a dos contrarios si pierde el pleito, muy probablemente no ejercerá su derecho y se conformará con una situación injusta.
Debo aclarar que un pleito no se pierde necesariamente porque la persona que demanda no tenga razón, sino por una miríada de factores ajenos a la validez de su pretensión.
Por todo ello, la doble condena en costas y la condena ilimitada es especialmente injusta en el proceso contencioso-administrativo por la posición de inferioridad de la ciudadanía en una jurisdicción y en un procedimiento hechos a la medida de los intereses del Estado.
Ayundando a L. C. puedes contribuir a que las mujeres que sufren abusos y maltrato en el parto puedan ejercer sus derechos libremente.
¡Gracias por vuestro gesto! ¡Grande o pequeño, representará seguramente un gran paso !
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After suffering abuse and neglect during childbirth and being subjected to a forced caesarean section, on January 26, with the help of the legal services of El Parto es Nuestro and Women's Link, L.C. sued Spain before the European Court of Human Rights.
In September 2009, after a normal pregnancy, L.C. went to give birth at the hospital Virgen de el Rocío in Seville. There she had what is known as a "cascade of interventions" (breaking of the amniotic bag, management of synthetic oxytocin and insertion of intravenous lines). In the clinical history there is no evidence of the medical cause for such interventions, nor a report in this respect, nor requests for consent.
According to the Declaration of the WHO in 2014 , The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth, these interventions are a violation of human rights, since:
"Around the world many women suffer disrespectful and offensive treatment during delivery in health centres, which not only violates the rights of women to respectful attention, but it also threatens their rights to life, health, physical integrity and non-discrimination".
The case of L.C. transcends her particular case because some health services and the Spanish judiciary systematically disregard, in the field of obstetrics, the laws that protect the rights of users and patients, as well as the jurisprudence of the Constitutional Court, the European Court of Human Rights and the recommendations of international protection bodies.
The facts and fundamentals of the case can be read at [maternity and human rights: L.C.
AGAINST SPAIN].
While all this happened, the insurer of the Andalusian health service (Zurich) presented a bill to L.C. for 15434,40 euros in costs, and the lawyer of the Andalusian health service claimed 12.775 euros by the same concept.
The condemnation cost is very unusual in the contencioso-administrativa jurisdiction in cases such as this, where there is no report of informed consent, and there are serious doubts of fact and law materialized in two reports that support the thesis of L.C. Furthermore, this sentence’s costs have no precedent for the amount, since in general costs are fixed around 600-1,500 euros.
More shocking still is the fact that it sentences L.C. to pay the insurance company’s lawyers (Zurich), who never requested their participation. Zurich appeared in the process by a legal provision, article 21.1 c) of law 29/1998, of 13 July, regulating the contencioso-administrativa jurisdiction. This provision obliges insurers of the Administration to appear and act in the process hand in hand together with the latter, i.e., two against one, and that one is... guess who? We, the users and managed. This very negatively affects, as you can understand, the principle of equality of arms in the process. It is a distortion of public law, whose nature and purpose are well distinct of those of private law and civil process, that an insurer, i.e., a private non-profit entity, participates in the procedure of patrimonial responsibility and in the administrative process with voice and vote. In addition, some judges interpret - as for L.C. - the presence of insurers in the contentious process automatically converts them into a creditor of a hypothetical condemnation costs. Such an interpretation, in our view, undermines the fundamental right to effective judicial protection, because if a citizen is threatened by the possibility of being sentenced to pay costs to two entities if they lose the lawsuit, it is most likely that they will not exercise their rights and will settle for an unfair situation.
We should clarify that a lawsuit is not necessarily lost because the plaintiff was not justified, but due to a myriad of factors other than the validity of your claim. Therefore, the double condemnation of costs and unusually excessive sentence is especially unfair in the contentious-administrative process for the position of inferiority of citizens in the jurisdiction and in a procedure made tailored to the interests of the State.
Helping L.C. will help women who suffer abuse and mistreatment in childbirth to be able to exercise their rights freely. Thank you for your support and help!
Big or small, it will truly represent a big step!
Organizer
Loli L C - Sevilla
Organizer
Seville
